El caso de la producción de trigo en Colombia es ejemplo de las graves secuelas que le trae a una nación acoger las entelequias de la “ventaja comparativa”. En el libro “El modelo agrícola colombiano y los alimentos en la globalización” registré que en 1912 la dotación en kilos por habitante de este cereal era de 6,8 y que en 1950 subió a 8,5 cuando se sembraban cerca de 150.000 hectáreas principalmente en la sabana de Bogotá, Boyacá y Nariño. El país era autosuficiente. Para 1982, esa superficie se redujo a 45.000 hectáreas y la dotación por habitante, pese a que la productividad por unidad de área se incrementó más del doble, ya había bajado inicialmente a 2,5 kilos en 1970 y a 1,7 en 1984. Con la apertura de los años 90 se llegó en 2000 a un kilo y, según datos de 2005, se mantiene en esa escala o algo menos.

¿Qué aconteció? Desde 1954, cuando el Congreso de Estados Unidos expidió la ley pública 480, mediante el Acta de Asistencia y Comercio en Agricultura, por la cual se otorgaban créditos subsidiados a países “beneficiarios” de importaciones agrícolas, Colombia se embarcó en compras masivas de este cereal y de cebada, incluidos algunos montos en forma de “ayuda alimentaria”. Luego de 1973, cuando ya se había quebrantado la producción nacional, principalmente de minifundio campesino, y un estudio de la AID daba cuenta de la “cooperación” en el cambio de la producción de trigo por otros géneros, el subsidio se acabó incluido el del consumidor. Fue la típica sustitución por dumping teniendo en cuenta que siempre el costo de producción colombiano de una tonelada de trigo ha sido inferior al estadounidense.

Entonces se estableció la gran dependencia de los suministros externos para esos dos cereales, que pasaron de 110.000 toneladas anuales a 1’022.500 en 30 años y en el presente están cerca de 1 millón y medio, donde Estados Unidos ha predominado, excepto en el pasado reciente cuando Argentina le ha competido. Un pronunciamiento de U.S. Wheat Associates sobre el TLC afirma: “Las exportaciones de trigo de USA tienen gran potencial en Colombia. Tradicionalmente han dominado el mercado con una participación del 60%”. Así mismo, se queja de las ventajas de los gauchos en el acuerdo CAN- Mercosur, de las cuales ellos no podrán gozar mientras no entre en vigencia el Tratado. Vale agregar que las importaciones hacia Colombia las hace un oligopolio, que aumenta su margen cuando vienen los ciclos al alza.
Un ciclo como esos es los que el mercado mundial del trigo está viviendo. Un Informe del Consejo Mundial de Cereales de agosto de 2007, que reporta “la reducción de la disponibilidad mundial”, añade que “los precios de exportación de los cereales registraron un fuerte avance en agosto, encabezados por subidas de entre $20 y $35 para el trigo. Un nuevo aumento fuerte de las tarifas de flete marítimo incrementó aún más los gastos de los importadores. Además del impacto del tiempo adverso del verano sobre los cultivos de trigo en el hemisferio norte, y especialmente sobre los rendimientos y la calidad en Europa, los mercados se vieron apoyados por la fuerte demanda de importadores que procuraban cubrir sus necesidades ante una nueva subida de los precios internacionales”. En ese infierno quedó Colombia, con su extinto pan de 100, como todos los países que se vuelven dependientes y de ñapa terminan padeciendo la especulación indignante con la comida. Solo resta esperar si nos salva la fórmula que Arias difunde sin sonrojarse: “Con la uchuva que se venda se podrá comprar el trigo necesario…la uchuva genera mayor valor y empleo por unidad de superficie cultivada”. Una auténtica ficción.

Primero, participamos en la Universidad de los Andes en el más importante movimiento estudiantil de la historia de Colombia. Luego, como vecinos en Manizales y Pereira, defendimos unidos durante 25 años nuestras posiciones patrióticas y democráticas. También en el Senado he tenido el respaldo de sus agudos análisis, su gran vitalidad y su ejemplar entrega a la causa de los débiles y el progreso del país.

Además, Aurelio despliega su lúcida capacidad en cualquier medio, nacional o internacional, por complejo que sea. Sobresalientes han sido sus labores como diputado de Risaralda, miembro de la junta directiva de Fenalco de Pereira, profesor universitario, articulista del diario La Tarde y dirigente de Unidad Cafetera, Salvación Agropecuaria y la campaña de oposición al TLC, porque todo lo hace con la pasión constructiva de quienes pugnan por un mundo mejor. Y a su comprobado y eficaz sentido práctico lo respalda su vigor intelectual, el que atestiguan sus libros, publicaciones y conferencias que cada vez más se conocen en Bogotá, ciudad en la que nació, a la que regresó hace varios años y la que estudia a profundidad.

Esa contextura de oposición que se ha labrado le exige al POLO acendrar sin pausa su carácter de izquierda, tarea esta no exenta de compleji­dades. Mas, en desarrollo de las sustantivas bases teóricas, políticas y organizativas con­signadas en su programa y en sus estatutos, sin duda todas ellas se superarán y el Partido podrá convertirse en la fuerza capaz de conducir la nación hacia una nueva y verdadera democracia.

Condición indispensable para su cimera causa será con­servar el rumbo de oposición a las políticas que hoy desde el Estado impone Uribe Vélez y, a fundamento del proceso de lucha consecuente que en ese sentido libre, cimentar su unidad. El carácter complejo de ambos propósitos radica en que, debido a las diferentes concepciones ideológicas, polí­ticas y organizativas –peculia­res de las abigarradas fuerzas que confluyeron en la creación del nuevo partido–, surgen contradicciones cuya solución sólo puede lograrse a través de un permanente proceso de debates internos, algunos de ellos procelosos. Acordados ya el programático Ideario de Unidad y los estatutos, las dis­cusiones se centran en torno a la fiel aplicación del uno y el esmerado cumplimiento de los otros. Se trata pues de la táctica, alma de la política. Y es sobre ella que se precisa un alto grado de identidad. El reto es grande: unidad res­pecto a posiciones y enfoques políticos, unidad en cuanto a la programación y concreción de las tareas, y unidad en el acatamiento a las decisiones de los organismos de dirección en sus diversos niveles.

De allí que deba considerarse como natural, y en últimas bien­venida, la reciente discusión que se generó en el Comité Ejecutivo Nacional del POLO, cuya declaración resultante no pudo ser más auspiciosa: se reitera la plena vigencia de su Ideario, la regencia orga­nizativa de sus estatutos y el antagonismo con la política del gobierno de Uribe. Además, en concordancia con estos puntos de principios que definen la na­turaleza política del POLO, se corroboraron allí las posiciones de condena a las funestas y repudiables modalidades que exhibe la violencia que azota al país, de crítica al recurso a las armas y de categórico re­chazo a algunas de las últimas aberraciones perpetradas en el conflicto armado.

Es de esperar que transcurri­da la actual campaña electoral arrecie la embestida uribis­ta contra el PDA y sus más connotados dirigentes, amén de la que puedan emprender otras fuerzas políticas. A fin de enfrentarla, son oportunas algunas anotaciones sobre la posición de izquierda y la democracia, que contribuyan a afilar las armas de nuestra crítica.

1

Una primera línea de con­frontación es la que se origina en la sarta de calumnias que contra dirigentes del POLO lanzan tanto Uribe como sus ministros y asesores desde el cuartel general en que han convertido el Palacio de Nariño. Las mismas que expanden, con su cuota de emulación, los sustitutos políticos e ideo­lógicos del uribismo situados al frente de los grandes medios de comunicación.

Resulta sintomático que para sus difamaciones contra el POLO –sus políticas, métodos y dirigentes– Uribe y sus de­votos funcionarios y comenta­dores recurran a un lenguaje propio de la propaganda negra que durante diversos períodos, dentro la llamada guerra fría, y valiéndose de los organismos dedicados al espionaje y al montaje de conspiraciones tipo CIA, desataron los gobiernos de Estados Unidos y las gran­des potencias europeas contra los abigarrados procesos y las particulares experiencias y desenlaces que tuvieron las luchas de liberación o de revolución y construcción socialistas. Cual si fueran comodines sacados de esa ba­raja propagandística, acuden a suspicaces y equívocas alu­siones a categorías y tópicos tales como la lucha de clases, el centralismo democrático, la utilización y combinación de formas de lucha, la libertad de opinión, el estalinismo, los ses­gos ideológicos y el terrorismo para descalificar con su usual ordinariez las concepciones y métodos democráticos que caracterizan al POLO y arrojar dudas sobre la honestidad de su pacífica actividad política.

Una de las invectivas más frecuente, recubierta con insi­nuaciones sobre connivencia o simpatía con grupos alzados en armas, es la acusación de radicalismo. Evocando a Joe McCarthy, quien en su cacería de presuntos conspiradores empezaba por endilgarles a demócratas y progresistas en Estados Unidos el apelativo de “rojos”, hoy se recurre aquí a calificar de radicales a fir­mes y combativos dirigentes del POLO. Frente a tan torvo propósito de sembrar cizaña en nuestras filas y estigmatizar a sus destacados dirigentes, es necesario dilucidar el sentido genuino y cabal del término.

La posición radical, como atributo de la izquierda, no se refiere en absoluto al desafo­rado desprecio de la realidad política y social que conduce a la adopción de criterios irra­cionales o actitudes fanáti­cas, ni tampoco a desmadres contrapuestos a los mayores grados de civilización social, al­canzados precisamente como fruto de las luchas que en su correspondiente momento histórico libraron las clases de avanzada, estampando así su impronta ética. Su real significado atañe a que los im­placables y prolongados males deben extirparse de raíz, a fin de que puedan producirse las transformaciones económicas y políticas que la sociedad requiere. Atañe a refutar que los indispensables cambios puedan surgir de aplicarle pa­ños de agua tibia a la aberrante situación o ser producto de de­leznables reformas al régimen de desigualdad y opresión que impera en la nación. Una posi­ción radical es la que sostiene que no es coherente con la izquierda, cualesquiera sean los subterfugios teóricos a los que se recurra, proponerles a “los condenados de la tierra” en Colombia que la política que los liberará se limite a enmiendas menores y criticas blandas a las políticas que, hasta des­embocar en la uribista, por décadas y décadas los han agobiado.

2

Es notorio que el sambenito de radicales que maliciosa­mente se les cuelga tanto al carácter político de distintos dirigentes del POLO como a la posición que han asumido, se utiliza como descrédito para proponer que se des­echen ambos y se proceda a imprimirle un sello de “centro” al Partido. A la par con la evi­dente invitación a dividirlo que envuelve tal designio, se revela la pretensión de desviarlo del rumbo que democráticamente se señaló en sus documentos constitutivos.

Ante los consejos y conse­jas de algunos comentaristas políticos que en la prensa y demás medios de comunica­ción se toman libertades para inmiscuirse en el destino y los aspectos internos del POLO, expresamos hace un tiempo en estas páginas editoriales: “Las organizaciones y dirigen­tes que desde una expresa posición de izquierda tienen ascendiente entre abigarrados estamentos de la población, no necesitan desplazarse de su avanzada postura política para acrecentar su influencia… Por el contrario, arraigados en la izquierda es como esa labor puede ser más amplia y eficaz. No existe pues razón alguna para, por ejemplo, desplazarse hacia el centro, ya que esto implicaría un tránsito hacia el extremo contrario, en este caso hacia la derecha”.

Aquí lo por tomar en cuen­ta es que específicamente de derecha, no obstante sus enmascaramientos, han sido las políticas impuestas por las clases dominantes que vienen precipitando la nación a una prolongada crisis, cual si se tra­tara del ejercicio ya centenario de un delito político continuado. Y de derecha, de la más pura cepa, es la naturaleza del gobierno que bajo Uribe hoy la lleva a caóticos extremos. Entonces no se justificaría per­manecer sordos ante las sutiles armonías que se presentan en­tre los cantos de sirena de los mencionados comentadores que inducen a inclinarse hacia el “centro” y el “ni izquierda, ni derecha, democracia” que vocea Uribe en un esfuerzo por sacudirse esa justa definición. Y sería sumirse en una tosca incoherencia política si, aun aceptando ambos términos, se dieran pasos alternativos a uno y otro lado, cual hacía el personaje de Charles Chaplin al caminar a lo largo de una línea fronteriza.

En cuanto a la definición, es de anotarse el falso pudor con que asesores y exégetas de la política uribista rechazan que también se la califique como poseedora de evidentes rasgos fascistas. Mas en considera­ción al alienante impacto que la manipulación del gobierno ha tenido en el juicio de un buen número de compatriotas, sería prudente definirla simplemente como carente de contenidos democráticos y proceder a persuadirlos de esta afirmación diseccionando los hechos que la sustentan.

Para desarrollar el lema de construir democracia es indis­pensable concentrar la lucha contra la antidemocracia que desde el Poder y en todos los órdenes de la vida nacional expande Uribe. En esencia, la lucha por la nueva democracia se desarrolla contra el régimen en cabeza de Uribe hoy, y en cualquiera de sus sustitutos po­líticos e ideológicos, mañana. Esta precisión se torna sustan­cial si se observa cómo Uribe, ilusionado en que plantear el debate político en términos de democracia le permitiría escaparse del señalamiento de derechista, no tuvo empacho en reafirmar hace unos días, en Nueva York, que en Colom­bia “tenemos una democracia antigua, respetable, todos los días más profunda”.

3

Semejante aseveración, expresada ante la ONU por Uribe con la misma especie de “cinismo funcional” que despliega aquí, constituye la gran mentira que imposibilita todo real desarrollo económico, político y cultural de la nación. La misma que refuta el perió­dico de talante conservador El Nuevo Siglo, al describir que: “la democracia colombiana está enferma y la infección amenaza con propagarse de manera endémica”.

La gran mentira que hace caso omiso de las cifras cons­tatadas por el líder empresarial Nicanor Restrepo: “Colombia tiene 21 millones 500 mil po­bres; cinco millones 500 mil indigentes; diez millones de personas viven con dos dólares al día y otros tres millones y medio sobreviven con un dólar al día”.

La gran mentira de Uribe que hace dos meses llevó a la Corte Suprema a rechazar declaraciones del Gobierno Nacional por constituir “una in­jerencia indebida e inaceptable en la actividad judicial” con la pretensión de imponerles a los jueces “un determinado criterio para el pronunciamiento de sus decisiones”.

La que oculta la revelación del fiscal general, Mario Igua­rán, tras observar las investi­gaciones sobre los nexos de congresistas y funcionarios con las AUC: “Los paramilitares fueron reclutados por políticos y no al revés”.

En fin, la misma mentira que Uribe agranda cuando expresa que en el actual “certamen electoral presidido por este Gobierno es más evidente la transparencia y la eficacia de las garantías a todos los contendores”, al tiempo que, en contrario, el estudio de la Mi­sión de Observación Electoral revela que “567 municipios del país tienen algún riesgo elec­toral por violencia, y que “en 328 hay riesgo de anomalías e irregularidades electorales”.