Reforma al régimen de transferencias impide derecho a la salud y la educación
Viernes3 de noviembre de 2006
El presidente del Polo Democrático en su análisis considera que "una
funesta consecuencia" de la iniciativa gubernamental es que "agranda
las brechas existentes entre las zonas de mayor y menor desarrollo,
pues no establece mecanismos que las compensen y lo mismo sucede con
las evidentes diferencias entre las áreas urbanas y las rurales".
El proceso del proyecto de Acto Legislativo por el cual el gobierno de
Álvaro Uribe, apoyado en su bancada en el Congreso de la República,
pretende modificar el sistema de participación de los municipios y
departamentos de los ingresos corrientes de la Nación, es casi idéntico
al que cursó la reforma constitucional que Andrés Pastrana impulsó en
2001 con iguales propósitos. Apoyados en riesgos fiscales contingentes,
los ministros y funcionarios intentan justificar ante la opinión
colombiana el contundente golpe a los recursos de los entes
territoriales destinados específicamente para atender las competencias
que por encargo constitucional tienen para brindar educación, salud,
saneamiento básico y las otras áreas de bienestar social que influyen
de modo terminante en el desarrollo humano de los colombianos.
Uribe piensa ir más lejos que Pastrana. Si bien antes
se estableció que desligar las transferencias de los ingresos de la
Nación regiría durante la transición entre los años 2002 y 2008; ahora
se piensa en perpetuar dicha desvinculación. Quedan así borrados los
principios de concurrencia, solidaridad y complementariedad que se
habían consagrado en la Carta Política para definir la relación del
Gobierno Central con los territorios, incluidos los resguardos
indígenas, en la prestación de la salud, la educación y demás que
constituyen derechos universales de todos los colombianos. No hay duda
de que esta reforma contradice postulados fundamentales y normas de la
Constitución del 91.
El gobierno tiene en su contra lo acaecido con el Acto
Legislativo 011 de 2001. Luego de casi cinco años de aplicarse la
reforma al Sistema General de Participaciones, el Gobierno Central dejó
de girar 28 billones de pesos (en términos reales de 2005) a las
regiones y, sin embargo, su déficit fiscal se ha mantenido en cerca del
6% del Producto Interno Bruto. De este modo los superávit y sacrificios
de las provincias sólo han servido para la privación en el cuidado de
las necesidades básicas de sus habitantes con el fin de financiar los
dos mayores rubros del Presupuesto Nacional: el servicio de la deuda
pública y la seguridad. Es sabido que las enormes erogaciones que le
significan a la Hacienda Nacional están conectadas con males
estructurales que el modelo económico vigente y la desigualdad
proverbial le causan al país y que antes de corregirse se ahonda en
ellos. De ahí que el recorte de los giros a departamentos y municipios
no corregirá los faltantes presupuestales; es más, por sus secuelas
podría agravarlos.
Cálculos del propio Departamento Nacional de Planeación
estiman que los giros intergubernamentales sin el proyecto oficial,
alcanzarían en 2009 más de 24 billones de pesos y con la reforma apenas
llegarían a 20 billones; no cubrirían universalmente a la población en
educación y salud. En adelante, en términos reales de 2005, lo recibido
caerá en picada y lo perdido por municipios y departamentos, acorde con
supuestos de los voceros de la Conferencia de Gobernadores, sumaría 52
billones de pesos hacia el año 2019.
No puede dejarse de lado que una funesta consecuencia
de la iniciativa gubernamental es que agranda las brechas existentes
entre las zonas de mayor y menor desarrollo, pues no establece
mecanismos que las compensen y lo mismo sucede con las evidentes
diferencias entre las áreas urbanas y las rurales. La escasez de
recursos para cumplir con sus funciones podrá llevar al Ejecutivo
central a coaccionar a alcaldes y gobernadores, a restarles autonomía y
someterlos a sus designios e intereses políticos a cambio de mitigar
sus insuficiencias.
El POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO respalda la oposición
manifestada por muchas autoridades departamentales y municipales a la
inicua reforma constitucional al régimen de transferencias, convoca a
la ciudadanía a movilizarse para expresar su resistencia al
descabellado designio de financiar el exorbitante endeudamiento público
y la guerra con los recursos destinados al desarrollo humano y reitera
que su bancada en el Congreso no escatimará esfuerzos para hundir otro
de los proyectos que desnudan aún más la esencia antidemocrática del
gobierno de Álvaro Uribe.
tomado de la pagina oficial del polo democratico alternativo
www.polodemocratico.net
